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Después de 13 años
Arrancó el juicio a Luis D'Elía por la toma de la comisaría de La Boca
El dirigente social es juzgado por ocho delitos. El hecho ocurrió en 2004 cuando manifestantes coparon la seccional 24 para reclamar por el crimen de un militante de su agrupación.
Este miércoles, minutos antes de las 11:30, se inició con dos horas de demora el juicio oral y público en los tribunales de Comodoro Py contra el dirigente social Luis DElía y otras dos personas por la toma de una comisaría en La Boca el 24 de junio de 2004.

El hecho ocurrió cuando DElía y un grupo de manifestantes entró por la fuerza "de modo violento" a la comisaría 24 en reclamo del esclarecimiento del asesinato del dirigente de un comedor barrial, Martín "El Oso" Cisneros.

Según la acusación, DElía habría impedido salir a personas que hacían trámites, entre ellos una embarazada que sufrió una crisis, y además causó serios daños como roturas en vidrios, computadoras, bienes muebles y una motocicleta.

El líder del partido MILES está acusado de ocho delitos: lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, atentado a la autoridad calificado, daño simple, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada, instigación a cometer delitos, amenazas con el objeto de obtener una concesión de parte de los poderes públicos y robo agravado.

La declaración de DElía

Durante la primera audiencia del juicio, DElía aseguró que "la política se ha metido en la justicia fuertemente. Es mi íntima convicción que este juicio empieza el día que el Congreso debate leyes de represión de la protesta social". Y agregó: "Macri necesita que algunos íconos de la lucha social vayamos presos. Estamos aquí por decisión del presidente de la república".

"El asesino de Martín Cisneros está en libertad y nosotros sentados acá. El asesino era un dealer que vendía de droga para la comisaría 24. Tenía tres pedidos de captura. Gozaba de mucha impunidad. La comisaría no era el jardín de infantes Mis Amiguitos", sostuvo el líder del partido MILES.

DElía aseguró que "No hubo toma de la comisaría" y que explicó que "el subcomisarío, creo que de apellido Pereyra, dio la orden de abandonar la comisaría. Vámonos, vámonos, decía. El hizo un irresponsable abandono del lugar. La idea era dejarnos a nosotros como tomadores". En ese sentido, indicó: "¿Quién puede creer la pavada que oficiales de la Policía no pueden parar a vecinos indignados?".

"Trabajé seis meses para evitar la muerte de Martín. Se lo avisé a Gustavo Béliz (ex ministro de Justicia) y a Oscar Parrilli (ex secretario general de la presidencia. La noche del crimen no lo llamé porque estaba en China, pero si no lo hubiese llamado a Néstor Kirchner", explicó DElía.

El dirigente social señaló que en el momento de la toma estaban "tremendamente dolidos por lo que había pasado. Había exaltación, indignación pero tratamos de bajar los ánimos, tejer puentes".

El inicio del juicio estaba previsto para las 9:30 pero se demoró dos horas porque la sala de audiencia era muy chica para albergar a las cerca de 200 personas que se inscribieron para presenciar la primera audiencia. El tribunal buscó llevar el juicio a las dos salas más grandes que hay en Comodoro Py pero ambas estaban ocupadas con juicio por delitos de lesa humanidad.

Las defensas advirtieron en el juicio que la presencia de solo 20 personas violaba el principio de publicidad para un caso que generaba mucha expectativa en organizaciones sociales, por lo que pidieron que en las próximas audiencias de importancia, como los alegatos, se garantice la presencia de todas las personas que asistan.

DElía fue acompañado por un millar de manifestantes de "Miles" que se concentraron en la puerta de Comodoro Py con bombos y banderas.

En el juicio van a declarar cerca de 70 testigos, entre ellos el fiscal José María Campagnoli, quien era secretario de Seguridad de la Nación cuando ocurrieron los hechos y que negoció en persona con los manifestantes para que dejen la comisaría. Inclusive, Campagnoli fue imputado y citado a indagatoria por incumplir una orden judicial de desalojar la comisaría. Luego fue desvinculado del hecho.

También serán citados los legisladores del Frente para la Victoria Juán Cabandié, Andrés Larroque y Edgardo Depetris.

DElía había sido sobreseído por prescripción a raíz del paso del tiempo sin sentencia en la causa. Pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo en 2012 y ordenó enviarlo a juicio oral por "lesiones leves y daño agravado por tratarse de bienes de uso público, en concurso real con el delito de atentado a la autoridad calificado", "daño agravado por tratarse de bienes de uso público" y "privación ilegítima de la libertad", con penas previstas de hasta 10 años de prisión.

Esta causa fue unificada con otra en la que se acusa a DElía por el delito de intimidación pública, luego de haber encabezado una marcha a Plaza de Mayo, el 25 de marzo de 2008, en contra de un intento de "golpe" al gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner, durante el conflicto con el campo.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces José Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Canero. La fiscal es Gabriela Baigún.

Apoyo del kirchnerismo

Las diputadas y diputados pertenecientes al bloque del FpV-PJ manifestaron su "solidaridad" con el dirigente político y social Luis D Elía, y remarcaron que se lo acusa por dos causas que prescribieron. "Intentan instalar otra campaña de desprestigio a los luchadores sociales para imponer sus leyes contra la protesta social", señalaron.

En cuanto a la causa que pesa sobre el piquetero por la toma de la comisaría, indicaron los legisladores: "Es evidente que el poder político está por detrás del poder judicial. Aquí lo jurídico está en un segundo plano porque si no esta causa no estaría en juicio oral. En primer lugar porque no corresponde criminalizar la protesta social, y en segundo lugar porque los delitos que se dicen cometidos están prescriptos".

Por último, los diputados agregaron que "a través de esta maniobra ilegal, están intentando fabricar nuevos presos políticos en un momento que les resulta conveniente la criminalización de la protesta social".


Jueves, 20 de abril de 2017

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